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El pleno del Parlamento de Cantabria ha vuelto a pedir autorización para matar lobos, ha solicitado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha aprobado demandar ayudas para la industria conservera y medias para el sector primario.

Además, en esta sesión la Cámara ha dado el visto bueno a instar a retomar la tramitación legislativa para castigar el proxenetismo, mientras que ha rechazado pedir la modificación de dos impuestos y reclamar el transporte escolar gratuito para la enseñanza no obligatoria.

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El Parlamento de Cantabria ha acogido hoy el tradicional canto de las marzas. Coincidiendo con el primer día del mes de marzo alrededor de 120 marceros de la Ronda Marcera de Torrelavega, Ronda Las Fuentes de Reinosa y el Coro Ronda Altamira han llamado a la puerta de la institución, para invocar la primavera con cánticos populares de la Comunidad Autónoma.

Los marceros iniciaron su interpretación desde los portalones de entrada del Parlamento donde pedían permiso a la presidenta María José González Revuelta.

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La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, ha destacado la importancia del libro ’50 años de la Peña Bolística Sobarzo’ que se ha presentado esta mañana en la sala polivalente de la institución.

“Este es un libro muy importante y por muchas razones. Para quienes somos amantes del mundo de los bolos, porque recoge historias, datos e imágenes de medio siglo de una peña ejemplar, no solamente en la competición, sino también en la educación y en la conservación de tradiciones” ha indicado.

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La Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente debate y vota la proposición no de ley del grupo popular sobre la adhesión a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

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La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha comparecido en el Parlamento para informar sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno a raíz de las declaraciones homófobas vertidas desde las redes sociales oficiales del CEUC, a solicitud del grupo parlamentario socialista.